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Desalojo de Familias aborigenes en Colalao del Valle

La policía desalojó a 40 familias indígenas en Colalao del Valle

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Tres casas de la comunidad India Quilmes fueron derribadas.

Ayer por la mañana alrededor de 90 efectivos de la Policía de la provincia y por orden del Juez de Paz, Adolfo Salazar, fueron desalojadas 40 familias de la comunidad indígena de Colalao del Valle. La medida que venía dilatándose hace más de 8 meses se concretó con la destrucción de tres casas levantadas por la colectividad Quilmes. En este sentido, el cacique de esta comunidad Francisco Chaila, cuestionó la medida asegurando que existe la Ley Nacional 26.160 que protege de cualquier desalojo a pueblos originarios de su territoriio por cuatro años hasta que se concrete un relevamiento territorial. “Es una medida arbitraria, ilegitima que responde a intereses personales privados. Pedimos justicia y por ello pelearemos hasta el final”, dijo Chaila.

En un mega operativo sorpresa que incluyó a unos 90 efectivos de la policía de la provincia y por orden del juez de Paz, Adolfo Salazar, de la comuna de Colalao del Valle , ayer a las 8, fueron desalojados unas 40 familias de la comunidad India Quilmes que viven en la entrada a esa localidad. La medida consistió en levantar todas las pertenencias de las familias e incluso tres casas fueron tiradas.

En diálogo con primerafuente, el cacique de la comunidad Indígena Quilmes, Francisco Chaila, relató que la medida ya se venía proyectando desde hace unos 8 meses y que finalmente se concretó ayer con toda la fuerza policial. “Ingresaron unos 90 efectivos, con camiones, caballos y perros. No se hizo demasiada resistencia porque había poca gente y nos tomó por sorpresa”, contó el cacique.

Hasta pasadas las 16, los efectivos seguían sacando las pertenencias de los pobladores originarios. En tanto, a medida que la comunidad se enteraba de lo sucedido se fueron instalando en frente a las tierras que los pobladores habitaban. En las próximas horas esta comunidad decidirá las próximas acciones ya que deben realizar las correspondientes asambleas.

“Por ahora hemos preferido también sacar las cosas y no que los efectivos nos rompan las pertenencias con las maquinas que trajeron”, dijo molesto el dirigente. Al consultarle sobre quienes están interesados en esas tierras ancestrales Chaila contó que Encarnación de Colombo atribuye los terrenos a una comunidad también aborigen. “Dice que es para una comunidad indígena. Comunidad fantasma porque no se sabe que familia y además no está registrado ninguna otra comunidad. Es todo raro”, dijo el cacique.

Para el dirigente de la comunidad India Quilmes existe la Ley Nacional 26.160 de ordenamiento territorial que prohíbe cualquier desalojo a los pueblos originarios de sus territorios por el término de cuatro años hasta que se culmine con un relevamiento territorial. En la provincia este relevamiento se lleva adelante y lo ejecuta la Universidad Nacional de Tucumán.

“Esta medida es totalmente arbitraria, infundada, ilegitima y desmedida, ya que vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial”, indicó Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

En igual sentido, desde la organización de Derechos Humanos denunciaron que los efectivos policiales de la unidad regional oeste se enfrentaron contra los miembros de la comunidad, en su mayoría mujeres y que dos personas fueron detenidas.

Para los defensores de esta comunidad, la medida fue articulada arteramente y denunciaron que el Juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, es el responsable máximo a pesar de estar ya denunciado por la comunidad ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Desde el organismo de Derechos Humanos también destacaron que la medida fue confirmada por el Juez en Documentos y Locaciones de la 3 º Nominación, Juan Carlos Peral, desconociendo la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad India Quilmes en el marco del amparo a la simple tenencia vulnerando los derechos adquiridos.

“La medida de desalojo llevada adelante conlleva la responsabilidad del los funcionarios que intervinieron y llevaron adelante la misma, como también la responsabilidad internacional del Estado Provincial por el incumplimiento de la normativa de aplicación a los Pueblos Indígenas”, explicó Carlorosi.

fuente:PRIMERAFUENTE.COM.AR

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